Cuanto cámino nos queda aún por recorrer, tenemos las herramientas a mano, solo hay que usarlas: Aplicar un correcto código de conducta y establecer una comprometida política de RSC en las Organizaciones.
Confiemos en cada año sigamos bajando el porcentaje de fraude y de comportamientos poco éticos, que enturvian permanentemente las grandes operaciones realizadas por el tejido Empresarial Español.
Os propongo leer detenidamente este artículo publicado por RRHH Press.
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Un 36% de los directivos españoles justificarían la práctica de comportamientos poco éticos para ganar o salvaguardar su negocio, según se desprende de la ‘13ª Encuesta Global sobre el Fraude 2014 de EY: Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth’.
Según EY, el porcentaje registrado en España de directivos que aprueban comportamientos poco éticos es inferior al obtenido en el conjunto de los países analizados para el estudio, que asciendo al 42%.
La encuesta recoge la percepción de los directivos de grandes compañías de 59 países de todo el mundo, entre ellas 50 españolas, sobre las prácticas de fraude y corrupción corporativas, así como sobre los procedimientos antifraude en las mismas.
En términos generales, la encuesta refleja que la percepción de los directivos sobre la generalización del fraude ha descendido, pasando del 34% al 28% entre 2012 y 2014. Sin embargo, sigue poniendo de manifiesto la buena aceptación de ciertas prebendas y comportamientos comprometedores para conseguir un negocio: un 18% aceptaría un obsequio relacionado con el ocio y el entretenimiento el 26% en 2012, un 12 % diría que sí a un regalo el mismo porcentaje que hace dos años, un 10% aceptaría un pago en metálico un 12% en el sondeo de 2012 y un 8% estaría de acuerdo en hacer “la vista gorda” a los datos de sus estados financieros frente al 2% de hace dos años.
“Bien sea por las consecuencias de la crisis, bien sea por una progresiva instauración de una cierta ética en los negocios, parece que la preocupación de los ejecutivos españoles antes la generalización de las prácticas corruptas se ha relajado en los dos últimos años”, señala Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de EY. «A pesar de ello, en la medida en que nuestra economía y los capitales vuelvan a coger velocidad de crucero, las empresas deben estar preparadas y atajar los comportamientos poco éticos evitando elevados costes, también reputacionales”, añade.
Además, la presión de los directivos de nuestro país por conseguir sus objetivos empresariales parece ser de las más bajas entre los países analizados, según refleja este informe, y sólo un 6% reconoce haber experimentado un caso de fraude en los últimos dos años. El porcentaje es exactamente el doble, el 12%, cuando se tiene en cuenta el promedio de los países de Europa occidental y coincide también con el del conjunto de la muestra analizada.
Relajación de las barreras anticorrupción
Otra de las cuestiones que en estos dos últimos años también parecen haber “perdido fuelle” entre las empresas es la instauración de procedimientos y políticas antifraude y corrupción y de cumplimiento, incluyendo códigos de conducta.
Hoy por hoy, un 54% de los consultados las tiene en cuenta, frente al 74% de los sondeados hace dos años, a la vez que ocupamos las últimas posiciones en contar con estas medidas sobre el conjunto de los países analizados; solo los países bálticos y Egipto están por debajo.
Al mismo tiempo, también son más laxas las políticas de penalización de no cumplimiento en España respecto a hace dos años: un 56% frente al 68% de los directivos así lo reconoce. Y, hoy por hoy, solo un 20% de los directivos españoles tiene en consideración la instauración de un canal de denuncia whistleblowing para los empleados en las empresas.
Ciberdelitos y cibercriminales
Otra de las cuestiones analizadas cuya importancia va in crescendo cada año en esta encuesta es la percepción ante el cibercrimen. En concreto, en España, un 58% de los preguntados considera esta cuestión como un riesgo considerable o muy elevado, y ocupamos la decimoquinta posición entre los más preocupados por este asunto, de los 59 países analizados.
En lo referido a los principales autores de ciberdelitos que más quebraderos de cabeza generan a nuestros directivos, a la cabeza se sitúan los hackers o hacktivistas un 58%, le siguen los propios empleados o colaboradores 40%, los ciberdelincuentes procedentes de la competencia un 38%, el crimen organizado 16% y, por último, el procedente de otros estados 4%.
“La legislación debe ser clara respecto a los delitos existentes y a los que están por llegar, además de contar con el asesoramiento de expertos que conozcan el en ocasiones complejo modus operandi del fraude y la corrupción en el mundo de los negocios, de las finanzas y de la contabilidad en general. En este sentido, sería también deseable que se aplique la Ley de modo ejemplarizante a la hora, por ejemplo, de ejecutar la búsqueda del dinero defraudado o la reparación del daño causado”, concluye Ricardo Noreña.
Altamira TI 